lunes, diciembre 17, 2012

300 años de expolio: El catastro, el castigo de Felipe V


El objetivo de los vencedores fue que Cataluña asumiera los gastos del ejército que la ocupaba. A comienzos del siglo XVIII, las monarquías absolutas se disponían a revisare disponían a revisar los sistemas fiscales para cubrir los gastos que ocasionaban las guerras. Se querían aumentar los impuestos sin que se resintiera la marcha de la economía. En el caso del Reino de Castilla, con finanzas caóticas y enormes déficits, esto fue imposible. Los consejeros de Felipe V, rey desde 1700, se oponían a aumentar la presión fiscal de los contribuyentes castellanos. Por su parte, la Corona de Aragón, es decir, la confederación de reinos que formaban el Reino de Aragón, el Reino de Valencia y el Principado de Cataluña, tampoco eran partidarios a ello.

Un antes y un después

En Cataluña en concreto existía un sistema fiscal propio en el que los impuestos los cobraba y administraba su propio gobierno, llamado Diputación del General o Generalitat, y no el rey como en el caso de Castilla. Esta situación permitía a los catalanes tener la suficiente libertad para decidir colaborar económicamente o no en la política exterior de la monarquia hispánica. Sin embargo, las andaduras imperiales eran poco atractivas para los catalanes y a menudo se negaban a pagarlas.
Acabada la guerra de Sucesión, el objetivo de los ministros de Felipe V fue que Cataluña, que había luchado al lado del archiduque Carlos y los aliados anglo-holandeses, asumiera los gastos del ejército que la ocupaba. A tal efecto, se creo un impuesto nuevo llamado catastro, que se gravaría sobre propiedades y personas.

Una imagen distorsionada


Aunque la teoría afirmaba que el catastro buscaba una mayor justicia social a la hora de tributar, lo cierto es que inmediatamente fue percibido como un castigo: un impuesto de guerra revestido de impuesto civil. Requisas y encarcelamientos eran algunos de los métodos coactivos empleados para cobrarlo. Sin embargo, la cuota estipulada (1.000.000 de pesos castellanos) era desproporcionada. Castilla creía que Cataluña seguía siendo la tierra próspera de antes de la guerra y no tuvo en cuenta los efectos que tuvo para la población el conflicto.


Así, la cuota fija que caracterizó el catastro nunca se correspondió con los ingresos reales de la sociedad y tampoco contemplaba, por ejemplo, que una mala cosecha impidiera satisfacer la tasa. De este modo, hubo años que la carga fiscal que se aplicó a Cataluña fue tan brutal que los propios recaudadores españoles recomendaban rebajarla.

La presión fiscal en cifras


Entre 1726 y 1744 el catastro se consolidó en paralelo al nuevo régimen político de Felipe V. Tal petrificación alcanzó también los importes del catastro, desfasados, que dejaron de tener oposición a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el crecimiento demográfico y económico de Cataluña hizo más soportable la fuerte presión fiscal. Sin embargo, nada compensó la sangría de las anteriores décadas. En cincuenta años (1729-1779) la fiscalidad indirecta a Cataluña aumentó un 248% y la total, catastro incluido, un 150%.
En 1845 se emprendió una reforma tributaria y el catastro desapareció. Pero en Castilla continuaba la percepción de la insolidaridad fiscal de Cataluña, que mediante la expansión del comercio y la industria había logrado un considerable desarrollo, percepción que haría que el precio de la derrota de 1714 se siguiera pagando por otras vías.

 

Jordi Mata (texto).

Agustí Alcoberro, Francesc Cabana, Josep Maria Solé i Sabaté (asesoramiento)

Fuente: Revista 'Sapiens'

 


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