martes, enero 29, 2013

Ninguna ley contra la democracia

El mismo día que Cameron y Salmond rubricaron el acuerdo institucional para la consulta escocesa y el Estado español era condenado de nuevo por el tribunal de Estrasburgo (esta vez por no haber investigado las evidencias de las torturas infringidas al periodista vasco Matrxelo Otamendi, detenido y encarcelado bajo la legislación antiterrorista y plenamente exculpado posteriormente), en Catalunya se recordaba, un año mas, la ejecución del Presidente Lluís Companys.
El 15 de octubre de 1940, después de un juicio militar sumarísimo digno de la España de la posguerra fue fusilado en Barcelona Lluís Companys, el último presidente de la Generalitat de la Catalunya republicana, detenido en Francia por la Gestapo y librado al régimen de Franco. Companys fue el único gobernante escogido democráticamente que fue ejecutado en Europa en todo el siglo XX y representa el máximo símbolo de la persecución del franquismo a los republicanos catalanes. 
A estas alturas el estado español -que mantiene las subvenciones a una fundación creada para mantener viva la memoria y la ideología de Franco- ha negado reiteradamente declarar sin efecto ese juicio, como se ha negado a reivindicar la memoria histórica de todas las víctimas de ese período.
El mismo día en el que Cameron y Salmond rubricaron su acuerdo, el estado español volvía a ser condenado por una cuestión de derechos humanos y los catalanes recordábamos la ejecución de nuestro presidente, toda una pléyade de cargos del Gobierno de Madrid amenazaban con usar la fuerza de sus leyes contra cualquier intento de Catalunya de convocar una consulta sobre la voluntad de la población de constituirse en un nuevo Estado europeo.

El pasado 11 de setiembre -Día Nacional de Catalunya- cerca de un millón y medio de personas colmaron el centro de Barcelona reclamando precisamente esto, que Catalunya se convirtiera en una nuevo Estado de Europa.
Desde entonces han ocurrido muchos acontecimientos: la convocatoria de elecciones anticipadas al Parlamento de Catalunya, la asunción por parte del partido gobernante de la reclamación popular -asumida previamente por otras fuerzas parlamentarias-, la coincidencia de todas las encuestas en el hecho de que una mayoría de la población reclama este referéndum y que los partidos que lo tenían en su programa alcanzaran la mayoría electoral y parlamentaria -partidos, a su vez, de izquierdas y de derechas- ...

La respuesta del Gobierno de Rajoy ha sido inmutable: negativa al diálogo,  amenazante frente a cualquier proceso de decisión popular y alimentando el miedo: desde la insistencia de la exclusión de la Unión Europea a una Catalunya independiente – desmentida o matizada desde Bruselas- a estupideces como la incomprensible afirmación de que todos los títulos universitarios quedarían invalidados. Otras acciones continúan demostrando a muchos catalanes que la soberanía es el mejor camino: los Presupuestos españoles vuelven, un año mas, a invertir en Catalunya mucho menos de lo que le correspondería por su aportación fiscal y por su participación al PIB general; el ministro de Educación afirma que su voluntad es "españolizar" a los alumnos catalanes (menospreciando la propia lengua, historia y cultura)...

Pero por encima de todo, la actual dialéctica se centra en la posibilidad o no de que la ciudadanía de Catalunya pueda expresarse libre y democráticamente sobre su futuro.
Esgrimiendo la Constitución española -que no niega los referendos sino que especifica que solamente los puede convocar el Estado- y toda su legalidad, desde el partido de Rajoy se ha llegado a declarar que convocar la consulta catalana sería un delito y que seria necesario encausar y encarcelar a la autoridad que lo realizara. El mismo día...

Esta es, para toda Europa, la prueba del algodón de la propuesta catalana: en pleno siglo XXI, ¿Alguien puede impedir que un conjunto de ciudadanos definido y reconocido políticamente se exprese en las urnas?¿Alguien puede prohibir que un Parlamento y un Gobierno elegidos democráticamente ejerzan el deber de la consulta popular frente una cuestión fundamental para el futuro de su sociedad y que ésta reclama pacíficamente? ¿Alguien puede ilegalizar un ejercicio democrático? ¿La Unión Europa debe permitirlo? 



Josep Bargalló Valls @JosepBargallo
First Minister and Minister of the Presidency of Catalonia 2004-2006
Minister of Education of Catalonia 2003-2004
Councillor in Torredembarra Town Council (1995-2003)
President of the Ramon Llull Institute (2006-2010)
From 2010 he is Professor at the University Rovira i Virgili

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