viernes, enero 11, 2013

Nuestro precipicio fiscal


Hace dos años, el nuevo gobierno de Catalunya se encontró con un déficit correspondiente al 2010 del 4,2% del PIB catalán (es decir, de 8.352 millones de euros) y con una exigencia de déficit del 1,3% para el 2011. En consecuencia, en el momento de hacer los presupuestos nos impusimos un ejercicio de austeridad intenso, en muchos aspectos avanzándonos a lo que se hacía globalmente en España. Pero como valorábamos, y valoramos, la credibilidad, no manifestamos una adhesión estricta al objetivo oficial y fijamos un objetivo de déficit del 2,6% del PIB. Es lo que honestamente creíamos que, con mucho rigor y disciplina, podíamos aspirar a conseguir.
El nuevo Govern del 2013 se encuentra ante un dilema similar. El objetivo de déficit para el 2013 es del 0,7% del PIB. Pero ahora, más exactamente desde agosto del 2011, hay una diferencia decisiva: no podemos prescindir del objetivo oficial. Por una parte, los escenarios de control europeos se han endurecido y refinado y, en buena medida, nuestra credibilidad ahora se evaluará por nuestro compromiso y voluntad de asumir los objetivos que Europa reconoce. 
Por otra parte, los mercados financieros se han cerrado. Solamente podremos gastar aquello que podamos financiar, y no podremos financiar más que lo que permita el objetivo reconocido.

Pero lo anterior no significa que no podamos hacer oír nuestra opinión sobre el objetivo o impulsar su revisión si es lo necesario. Y es, efectivamente, lo necesario porque el objetivo del 0,7% para el 2013 es intelectualmente débil, políticamente miope y moralmente obtuso. 

Permítanme justificar estas tres afirmaciones. 

Es intelectualmente débil porque, con España en recesión y con Europa muy cerca de ella, un objetivo de déficit fiscal para España del 4,5% del PIB, como el que ahora prescribe Europa para el 2013, no tiene ninguna lógica económica. Es demasiado restrictivo y sólo puede agravar la recesión española, lo que no conviene en absoluto a Europa. 
En términos relativos, la magnitud de la contracción fiscal que España debería hacer este 2013 es similar al abismo fiscal norteamericano. Los estadounidenses se han angustiado con mucha razón por la posibilidad de autoprecipitarse a la recesión. 
Nosotros deberíamos estarlo por la misma causa, con el agravante de que ya estamos en recesión. Es evidente que Europa ha de relajar el objetivo (y que debe hacerse de manera ordenada; es decir, que no encarezca el crédito, sino al contrario). Es lo que opinan muchos expertos y organismos internacionales. 

El Gobierno español puede estar seguro de nuestro apoyo si esta es también su posición. Confiamos en que Europa lo acabe viendo así y, por su propio bien, no se deje llevar por impulsos dogmáticos. 


Es políticamente miope, en este caso por parte del Gobierno español, porque es injusto y arbitrario imponer el 0,7% a las autonomías, cuando el objetivo global negociado con Europa es el 4,5%. Es una exhibición de poder (y una ilustración del principio de que quien parte y reparte se queda la mejor parte) que no ayuda a establecer un clima de confianza y de colaboración. 
No se ha de subestimar hasta qué punto la decisión del pasado mes de julio de endurecer el objetivo autonómico, cuando Europa había flexibilizado el del conjunto del Estado, ha contribuido a precipitar el conflicto político entre el Estado y Catalunya.

¿Cuál debería ser la distribución del objetivo de déficit entre administración central y autonomías? Teniendo en cuenta que el gasto autonómico no es inferior a un tercio del gasto total, una distribución razonable sería 1/3 para las autonomías y 2/3 para la administración central. 
En estos momentos, esto representaría el 1,5% y el 3%, respectivamente. Al menos así debería ser si todas las autonomías tuviesen que fijar el mismo objetivo, lo cual no está nada claro porque las situaciones de partida no son las mismas. De hecho, sería más deseable que las condiciones fuesen uniformes pero en relación con la situación de partida, por ejemplo, descontando los pagos de intereses (y quizás los ingresos de las privatizaciones). 
A la diferencia resultante entre gastos ordinarios (excluyendo el pago de intereses) e ingresos ordinarios se la llama déficit (o superávit) primario y es un concepto central en las políticas de consolidación fiscal. 
Tiene más sentido imponer un objetivo común respecto al déficit primario que respecto al déficit, porque si los pagos por persona en concepto de intereses son mas altos en una autonomía que en otra implicará una disponibilidad diferencial de recursos por persona para atender servicios públicos.


En cualquier caso, un objetivo de déficit del 0,7% del PIB para el 2013 comporta un objetivo de superávit primario de gran magnitud (los pagos por intereses estrictos del 2013 serán de 2.200 millones de euros y el 0,7% del PIB son unos 1.400 millones de euros; por tanto, el superávit primario sería del orden de 800 millones de euros). En una situación de recesión como la actual pretender este nivel de rigor sería insensato. 


Finalmente, el objetivo del 0,7% es moralmente obtuso. Lo que ello representa (un ajuste de 4.000 millones de euros vía ingresos y gastos) no se puede conseguir de manera fácil o indolora. Si había algún ajuste de estas características (y no había muchos) ya se ha practicado. Lo que ahora se pide impondrá muchos sufrimientos a los ciudadanos. 

Cuando los sufrimientos están justificados por la necesidad de recobrar la salud o de volver a colocar el tren económico sobre las vías (en una repetida imagen del presidente Lula), no hay más remedio que aceptarlos, con disciplina y espíritu de trabajo. Pero este 0,7% no está justificado, no hará ningún bien y probablemente nos dejará en una situación peor que si lleváramos a cabo un programa de consolidación fiscal dotado de racionalidad. 

La diferencia entre un objetivo del 1,5% y del 0,7% son 1.600 millones de euros, más del doble, por ejemplo, de la contribución pública a nuestras universidades. En definitiva, se trataría de un sufrimiento inútil, lo que hace hervir la sangre.

Andreu Mas Collell
Conseller de Economía del gobierno de Cataluña
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