domingo, enero 27, 2013

Una Constitución que encarcela la democracia


Spain is different, se dice a menudo. ¡Bien cierto que lo es! Su experiencia democrática contemporánea es una de las más limitadas de los países europeos occidentales. La última dictadura del general Francisco Franco, después de cuarenta años, concluyó no con el derribo popular sino con una disolución vigilada después de la muerte del dictador en la cama, el noviembre del 1975. Con el animo de evitar una ruptura consistente con el pasado, las fuerzas del régimen franquista impusieron a la oposición democrática una voladura controlada bajo dos premisas fundamentales: en primer lugar, una amnistía general hábilmente presentada como un perdón para los opositores, pero pensada en realidad para exonerarse a ellos mismos de los crímenes cometidos durante décadas; y en segundo lugar, el establecimiento de un marco jurídico en el cual la monarquía elegida por el dictador y la unidad de España se consagraran de manera irreversible, inobjetable, situada fuera de cualquier debate posible. Entonces y en el futuro.
El control de los elementos del antiguo régimen sobre el proceso constituyente español ha  sido reconocido abastadamente. Aunque los constituyentes iniciaron sus labores a partir de las primeras elecciones semidemocráticas del junio del 1977 (a las cuales no se pudieron presentar algunos partidos considerados todavía ilegales), algunos de los padres de la Constitución del 78 han ido explicando con el paso de los años las presiones recibidas, principalmente por parte del estamento militar (para muchos años lleno de elementos franquistas) y en relación a la cuestión de la unidad de España.
Sólo así se entiende la literalidad del articulo 2 de la nueva Constitución, cocinada por dos sensibilidades absolutamente diferentes, sucesivamente expresadas en el texto: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas."
Con extrema habilidad el nacionalismo español que compartía los restos del régimen (aún muy presentes dentro de los poderes del Estado) y una parte fundamental de las fuerzas democráticas, convergieron en el interés por petrificar el proceso y presentar, delante del conjunto de los españoles - aunque fuera un territorio con sensibilidades nacionales muy distintas- un paquete constitucional en el era imposible discernir las herencias.
Fue así como el 6 de diciembre de 1978 se puso a juicio de los españoles, por vía del referendo, a la practica en una elección llena de implícitos nunca discutidos abiertamente, una disyuntiva entre democracia sí / democracia no. Retorno al pasado o mirada al futuro. Y, naturalmente, los resultados fueron abrumadores, aunque la participación no fue espectacularmente alta. En España votó un 67,1% de los ciudadanos, con un 88,5% de sí, en Cataluña, un 67,7%, con un 90,4% de votos afirmativos. El éxito de la operación había culminado. Pero en realidad la falta de discusión pública y la petrificación del texto llevaban la semilla de su destrucción a medio plazo. 
El nuevo texto constitucional había incorporado unos mecanismos de reforma que bloqueaban en la práctica cualquier cambio en el futuro sobre aquellos elementos que los restos del régimen franquista habían pactado como condición necesaria para desaparecer pacíficamente. Los rasgos básicos que hacen referencia a la forma y la organización del estado son, en la práctica irreformables, inmutables, pétreos. Piden un consenso imposible de los dos grandes partidos españoles y un procedimiento agravado de mayorías con disolución automática de las cámaras parlamentarias y referéndum. Esta inmutabilidad, sin embargo, la incapacidad de adaptar la Constitución a los cambios de los tiempos en una sociedad democrática madura, no puede ser visto como un elemento positivo sino como un vicio muy grave de rigidez que no hará sino alejar cada día más el texto legal de las aspiraciones de la mayoría. Hoy, todos los nacidos después de 1958 que no votaron la Constitución española, no disponen de ningún mecanismo real para hacer oír su voz sobre cómo quieren que se transforme la organización del estado español.
Para los catalanes de hoy, el condicionante impuesto por el franquismo sobre la vigente Constitución española resulta especialmente punzante. No sólo porque la legitimidad republicana de nuestras instituciones es anterior a la aprobación en referéndum de la Constitución (la Generalitat de Catalunya fue restablecida en septiembre de 1977). Sobretodo porque el deseo de los catalanes libremente expresado en las elecciones nacionales del 25 de noviembre de 2012 de constituir un estado propio, y aún más abrumadoramente decidido a que se haga un referéndum de autodeterminación, resulta bloqueado por la inmutabilidad del texto Constitucional, interpretado restrictivamente por parte de los órganos del estado y los partidos políticos españoles, que no respetan la voluntad expresada por los ciudadanos de Catalunya. Históricamente, hasta que nos fueron arrebatadas por la fuerza de las armas y en aplicación del derecho de conquista después de 1714, los catalanes teníamos, en plural, Constituciones; es decir, leyes flexibles que se podían cambiar ante las nuevas necesidades y la voluntad del país. Es justamente lo que pedimos ahora, que las leyes (en particular la primera, la ley fundamental de los españoles) se adapten a la voluntad del pueblo democráticamente expresada, porque no creemos en comunidades que tengan que someter su voluntad mayoritaria en las constituciones, sino exactamente lo contrario: la mayoría de los catalanes no queremos constituciones que sirvan de coartada para encarcelar la democracia.
Sobre el autor de este artículo para  Help Catalonia

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