lunes, febrero 18, 2013

Hoja de ruta del derecho a decidir de los catalanes


Durante años, desde España se han querido presentar las reivindicaciones de los catalanes como un acto insolidario con el resto del Estado. 

Han querido presentar la voluntad de expresar libremente qué quieren los catalanes con respecto a su futuro como una opción minoritaria alejada de la realidad social de los mismos, ya que prevalecían otras preocupaciones. 

Estos argumentos los planteaban basándose en el hecho de que nunca se había realizado una pregunta específica que diera una respuesta concreta e indiscutible; de esta manera todo el mundo podía opinar lo que quisiera sobre las aspiraciones reales de los catalanes sin miedo a equivocarse. Las elecciones al Parlamento de Catalunya del pasado 25 de noviembre del 2012 han puesto punto y final a esta indeterminación, porque ahora ya se conoce qué numero de ciudadanos reclaman el derecho a decidir su futuro y cuantos opinan que no es necesario. 

Sobre un censo electoral de 5.413.769 de personas, los partidos que reclamaban abiertamente la opción de la autodeterminación en sus programas electorales consiguieron 2.147.694 votos - el 59'04%-, mientras que los partidos que negaban y niegan este derecho consiguieron 1.355.508 votos, un 37,26%. 

Aparte de esta opción manifiesta a favor o en contra existe un sector indefinido de 1.909.741 de electores que representa el 36,73% del total; dentro de este existe el sector abstencionista (1.745.540 de electores, el 32,24%), votos nulos (32,232, 0,88%), votos en blanco (52.899 votos, 1,45%) y los votos de las opciones políticas que no se definieron sobre esta cuestión: los antisistema (58.209, 1.59%) y los indefinidos (20.861 votos, 0,57%). 

Unas elecciones donde participaron 3.688.310 de votantes, que representa el 67,76% del censo total. Analizando este resultado electoral no cabe duda de que los catalanes querían decidir sobre su futuro de manera mayoritaria. 

 Pero...¿Qué futuro? Esta es una respuesta que todavía permanece en una cierta ambigüedad ya que dentro de algunos partidos y coaliciones conviven todavía personas que quieren la independencia de Catalunya de forma clara con otras que todavía dudan de que esta opción sea la mas adecuada. Pero este es un proceso temporal que definirá a todo el mundo. 

A día de hoy, los que quieren un estado propio son un 49,15%, los que quieren seguir siendo una comunidad autónoma un 22,83% y los que prefieren un estado federal un 24,32%. Con las elecciones la ciudadanía habló y de manera rotunda reclamó un gobierno que marcara una hoja de ruta que llevara a los catalanes a poder decidir su propio futuro; sin embargo estos mismos votantes también pidieron un proceso que fuera liderado por el Presidente Artur Mas de forma indiscutible -acompañado del resto de fuerzas políticas- ya que éste obtuvo 1.116.259 votos, 591.552 mas que el segundo partido. 

 ¿Y por qué la sociedad catalana se expresó de esta manera? Porque es una sociedad plural, llena de matices y profundamente democrática; una sociedad donde sus individuos tienen un concepto muy particular de sus cuestiones y a la vez creen en la necesaria obligación de colaborar para obtener resultados comunes con un objetivo claro. 

 Desde España se ha querido plantear el resultado electoral como el gran fracaso del Presidente Mas y de los catalanes, sin plantearse la complejidad social de nuestra sociedad y la alta participación electoral, que alcanzó el 67,76%. 

El reto que se planteaba era saber cómo y con quien se llevaría a cabo la hoja de ruta sobre el tema de la autodeterminación. Después de discretas negociaciones entre los dos primeros partidos del arco parlamentario catalán, que aglutinan 1.614.383 de votos (el 44.40%) y 71 diputados de los 135 que tiene el Parlamento, Convergència i Unió y Esquerra Republicana han conseguido un acuerdo bautizado con el nombre del Pacto de la Libertad. El acuerdo de gobierno a través del cual el segundo partido, Esquerra Republicana, se compromete a respaldar a Convergència i Unió, sin formar parte del gobierno, en base a un programa global de gobernabilidad para toda la legislatura, conlleva establecer un diálogo permanente que va más allá de lo pactado entre los los dos partidos. 

 Este pacto tiene como elemento principal el acuerdo de convocar a los ciudadanos catalanes a votar sobre su futuro durante el año 2014 siempre y cuando sea viable, y si no lo fuera decidir una fecha mas adecuada de mutuo acuerdo. 

Se ha definido un horizonte concreto para poder ejercer el derecho a la autodeterminación y un calendario: 

 1) Hacer una declaración de soberanía del pueblo de Catalunya por parte de su Parlamento. 

2) Aprobar una ley de consultas durante el año 2013. 

3) Abrir un proceso de negociación y diálogo con el gobierno español por el ejercicio a dicho derecho con la convocatoria de un referéndum, petición que deberá formalizarse en el primer semestre del 2013. 

4) Creación de un Consejo Catalán para la Transición Nacional. 

5) Trabajar todos los procedimientos formales, jurídicos e institucionales posibles hasta el 31 de diciembre del 2013. 

6) Convocatoria de la consulta durante el año 2014, siempre que las condiciones socioeconómicas y políticas no aconsejen una moratoria, una posibilidad que llegado al caso será acordada conjuntamente por CIU y ERC. 

Este pacto también incide en otro gran aspecto que tiene nuestra sociedad, la de fortalecer el entramado económico y social para salir del pozo en el que estamos situados. 
Partiendo del hecho de que se debe cumplir con el déficit fiscal previsto, se ha planteado un acuerdo económico que recoge políticas de reactivación económica que retornen la competitividad necesaria para poder crear puestos de trabajo. 

Un acuerdo que recoge un paquete fiscal de impuestos como, por ejemplo, gravar el tramo mas elevado de las herencias, las emisiones de dióxido de carbono o la energía nuclear, entre otras, hasta llegar a recaudar 1.000 millones de euros. 
Porque los catalanes, de manera mayoritaria, creen que para preservar y fortalecer el estado del bienestar, reactivar la economía, reducir la tasa de paro y fortalecer la cohesión social necesitan instrumentos propios de gobierno. 

Un proyecto de futuro complejo y difícil, pero no imposible. Hasta el momento la reacción del gobierno español ha sido proceder a la asfixia económica, no realizando las transferencias mensuales en la parte proporcional de los ingresos obtenidos en Catalunya, así como no compartiendo el margen mas amplio de déficit fiscal dado por la Unión Europea con las comunidades autónomas, exigiendo un mayor grado de recortes sociales y llevando las medidas adoptadas por el gobierno catalán para obtener ingresos al Tribunal Constitucional. 

Una política que busca presentar argumentos que justifiquen una intervención del gobierno catalán y la suspensión de la Autonomía.

Jordi Colomines Companys

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