domingo, febrero 03, 2013

Otro ataque contra el pueblo catalán


 La reciente sentencia del tribunal supremo que establece que el español debe ocupar el lugar de lengua vehicular junto con el catalán en el sistema educativo catalán, supone un nuevo ataque contra el pueblo catalán por parte del nacionalismo españolista. 

El sistema educativo catalán, denominado “de inmersión”, fue aprobado democráticamente por el parlamento catalán, después de haber pasado por todos los procesos normales que requieren los parlamentos modernos democráticamente establecidos y constituidos. Por tanto, el sistema educativo catalán actual se fundamenta en una decisión tomada libremente por los representantes legítimos del pueblo catalán. En ese sistema educativo el catalán es la lengua vehicular, ya que se opta por una política de integración lingüística y no de disgregación, de forma que todos los ciudadanos catalanes usen sin problemas el catalán, lengua oficial de Catalunya. Se intenta impedir que haya ciudadanos catalanes que no sepan catalán, lo cual es lo que se hace en el resto de Europa: los sistemas educativos francés, inglés, alemán o italiano persiguen que todos los ciudadanos de estos países conozcan lo mejor posible cada una de esas lenguas, para lo cual dichas lenguas son vehiculares en sus respectos sistemas educativos.

¿Por qué a Catalunya no se le reconoce este derecho? La respuesta es obvia. El Reino de España, a través de la constitución de 1978, no reconoce al pueblo catalán como equiparable al pueblo español, pues considera que la nación catalana es parte inalienable de la nación española y que ésta es la única nación soberana, tal como reza la sentencia del tribunal constitucional sobre la constitucionalidad del nuevo Estatut catalán.

Ello significa que al pueblo catalán no se le reconoce un derecho internacionalmente establecido desde hace mucho tiempo: el derecho a la autodeterminación. En la España actual, no se reconoce al pueblo catalán como pueblo soberano, sino como subordinado al pueblo español. Por esta razón, las decisiones adoptadas por las instituciones democráticas catalanas pueden siempre ser puestas en cuestión, modificadas e incluso anuladas por el poder judicial del Estado, que representa en su mayor parte la concepción españolista fundamentada en la negación  del reconocimiento de pleno de derecho de las diversas naciones que configuran el actual Reino de España.

El lugar que ha de ocupar el catalán (y el español) en el sistema educativo de Catalunya debería ser competencia exclusiva del pueblo catalán. Por supuesto, en el pueblo catalán, como en todos los demás, no todo el mundo piensa igual respecto de cuestiones como ésta. Pero precisamente para eso están las instituciones democráticas y representativas, como el parlamento catalán, en donde, como en las demás democracias parlamentarias del mundo, se discuten las propuestas y se refrendan de manera consensuada y democrática. El actual sistema educativo catalán se fundamenta en una decisión adoptada por una institución democrática y representativa de la sociedad catalana actual (el parlamento catalán) y, por tanto, cuenta con todas las credenciales que actualmente se exige a este tipo de sistemas. 

El establecimiento del catalán como lengua oficial de Catalunya y como lengua vehicular de su sistema educativo es ciertamente una decisión democráticamente adoptada por el pueblo catalán, a través de sus representantes legítimos. No se puede decir lo mismo del español, ya que no existe la posibilidad de que el pueblo catalán decida democráticamente si el español ha de ser o no lengua oficial de Catalunya, puesto que la constitución lo establece así y eso no se puede discutir ni poner en duda. Por tanto, el español es oficial en Catalunya por imposición, no por decisión democráticamente adoptada por el pueblo Catalán. Para que esto dejara de ser así, habría que revisar la Constitución, de modo que se dejara libertad a cada una de las naciones del Reino de España para que determinara sí el español ha de ser oficial o no.



Profesor de Lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid
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