lunes, marzo 04, 2013

El gobierno español lleva la Declaración de Soberanía catalana al Tribunal Constitucional español.



Un tribunal castellano, monolingüe y castellanocéntrico, juzgará la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que la Abogacía del Estado español ya ha finalizado su informe sobre la Declaración de Soberanía (enlace a Help) aprobada en el Parlamento el 23 de enero y que "aprecia argumentos favorables" a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros españoles, la vicepresidenta española ha explicado que ahora el Ejecutivo solicitará un informe al Consejo de Estado antes de decidir si interpone o no un recurso al Tribunal Constitucional español (TC). Dijo que el informe de la Abogacía es un "elemento muy determinante" para fijar la "posición" del gobierno de Mariano Rajoy, pero no es vinculante, y la decisión definitiva se tomará cuando tengan otro informe del Consejo de Estado .

Sáenz de Santamaría ha insistido en que el Ejecutivo español "cumple y hará cumplir la Constitución y las leyes" y que tendrán "muy presentes" las valoraciones y los argumentos del Consejo de Estado. Dijo que desde un primer momento el gobierno no tenía duda del "contenido inconstitucional" de la resolución, pero que quería aclarar si tenía "efectos jurídicos" para poder impugnar.

La vicepresidenta ha explicado que para ser impugnable (y ha insinuado que así será) el Consejo de Estado debe determinar que el texto tiene "contenido inconstitucional". En este sentido, aseguró que la Abogacía del Estado ha considerado que el hecho de reconocer el pueblo catalán como un sujeto soberano vulnera cuatro artículos de la Constitución, como el 1, que establece que “la soberanía recae en todo el pueblo español”; el 2, que fija la "indisoluble unidad de España", o el 9, que marca como "sujeto a todos los poderes públicos".

Además, la número dos del Ejecutivo ha explicado que la declaración es "recurrible porque produce efectos jurídicos 'ad extra' y tiene un fin claramente inconstitucional". En este sentido, dijo que a diferencia del plan Ibarretxe (proceso de autonomía que iniciaron los vascos), que inicialmente se determinó que no vulneraba la ley, la resolución del Parlamento "agota el proceso de decisión y supone la apertura de un proceso más amplio".

Hay que recordar, sin embargo, que la Declaración de Soberanía y el derecho a decidir la aprobó el Parlamento de Catalunya elegido legítima y democráticamente en las urnas por los ciudadanos de Catalunya, y que venían explicados explícitamente en el programa electoral de todos los partidos políticos que se presentaron a las elecciones, tanto para votar su sí, como para votar su no. Ni que decir, en consecuencia, que tienen todo el valor y legitimidad democráticos.

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