miércoles, marzo 06, 2013

El gobierno español nos declarará la independencia.



La vicepresidenta del gobierno español ha anunciado la voluntad de recurrir la aprobación de la Declaración de Soberanía por parte del Parlamento al Tribunal Constitucional. Según Soraya Sáenz de Santamaría, la declaración aprobada tiene efectos jurídicos y por tanto, aunque es una resolución que sirve para impulsar la acción política (de acuerdo con el artículo 145 del Reglamento del Parlamento) y no es un texto de carácter normativo, merece ser recorrida para declarar su inconstitucionalidad.
Parece ser que el gobierno español ha pasado por alto la posición inicialmente expresada por el ministro Margallo cuando decía que la declaración no tenía efectos jurídicos, y por tanto, reconoce carta de naturaleza jurídica a la declaración parlamentaria. La fundamentación estaría en el hecho que el contenido político de la Declaración estaría en contra del “espíritu constitucional”, que identifican no como el paso de una dictadura a un sistema democrático, sino con la indisoluble unidad de la patria española.
Se recurre una manifestación de voluntad política aprobada de manera ampliamente mayoritaria por un parlamento conformado por la voluntad popular, un hecho inédito en la historia política y constitucional reciente del Estado español. Las opiniones contrarias a la unidad de España, entonces, han pasado a ser inconstitucionales y, por tanto, ilegales.
El hecho que se recurra abre la caja de Pandora, con unas consecuencias políticas y jurídicas hoy mismo de abasto imprevisible, de entre las cuales, las siguientes:
A) La naturaleza antidemocrática del Estado español supone una vulneración de los principios democráticos fundamentales: desde una visión restrictiva a menudo se dice que solamente tendríamos el derecho a la autodeterminación si fuéramos un pueblo sometido, privado de sus derechos fundamentales. Si un Parlamento no puede emitir una declaración de voluntad política basada en la libertad de expresión, esta claro que España se sitúa frente al mundo como un estado que no respeta el pluralismo interno y los principios democráticos.

B) Los efectos de la inconstitucionalidad: cuando una norma es declarada inconstitucional, deja de ser vigente y no se aplica. En el caso de una declaración que es una resolución que impulsa la acción política, ¿que harán? ¿Declararan inconstitucional la expresión de una voluntad política en el Parlamento? ¿ Cuál será el alcance concreto de la inconstitucionalidad? ¿Obligarán al Parlamento a eliminar la Declaración de su web y del Boletín Oficial?

C) Abre la puerta a recurrir una decisión favorable del Tribunal Constitucional a instancias internacionales: ¿Qué dirán de la prohibición de una opinión algunos de los organismos como el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, en especial con respecto a los artículos 9, 10 y 11 de Convenio Europeo de los Derechos Humanos? ¿ O qué dirán con respecto a la contradicción de prohibir una manifestación de la voluntad de un Parlamento mediante una resolución declarativa sin carácter normativo, con respecto al artículo 20 de la Constitución española, el artículo 55 del Estatuto o los distintos tratados internacionales firmados por España?
D) ¿Qué harán si el Parlamento la vuelve a aprobar? Si fuera una norma, se volvería a anular y declarar la vigencia, pero ¿Se puede anular una opinión? ¿Cómo la harán? ¿Suspenderán el pleno del Parlamento que la pretenda votar de nuevo?
Y por encima de todo, otorgan carta de validez jurídica en cuanto a las discusiones sobre la soberanía de una declaración de este tipo, y por tanto, legitiman el hecho de recurrir al derecho internacional público, que en múltiples ocasiones ha regulado el caso del acceso democrático a la soberanía de los pueblos.

En definitiva, que si alguien todavía no lo creía, al final será el Gobierno quien, con la exclusión de la realidad catalana del marco constitucional español, nos proclamará la independencia. Y probablemente lo hará al estilo del nacionalismo español: la independencia de Catalunya por exclusión de su voluntad democrática del marco constitucional español. Si confrontan Constitución española y democracia, está claro quién ganará. Firmeza, y tiempo al tiempo.

Diputado

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