miércoles, marzo 20, 2013

El mal español

Los problemas de España pueden ser más graves que el desastre económico

A principios de este mes, las máximas autoridades judiciales españolas forzaron la dimisión del fiscal jefe de Cataluña. Este no es un cargo electivo, sino que lo ocupa un funcionario público nombrado desde la capital, que no suele ser un catalán. El último titular fue destituido sumariamente tan sólo unas horas después de haber dicho en una entrevista a una agencia de noticias que “Al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere”. Suena bastante inocuo, salvo que la declaración se hizo en el contexto del derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro político. Quizá fue por eso mismo que inmediatamente intentó moderarla añadiendo “en general a cualquier pueblo”, a pesar de haber dejado claro que "en España no hay un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia". Todo aparentemente legítimo. Sin embargo, la mera implicación de que quizá debería encontrarse una manera para que los catalanes pudieran expresarse convirtió lo que en el fondo era una obviedad en una declaración incendiaria y causó la caída en desgracia del fiscal. Esto en lo que se refiere a la independencia del poder judicial –por no hablar de la libertad de expresión.

Un mes antes, un general retirado del ejército español habló en una reunión de oficiales sobre “la ofensiva separatista – secesionista en Cataluña” e hizo una reflexión sobre la posición que podrían tomar las fuerzas armadas. “La patria es anterior y más importante que la democracia”, concluyó. "El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley”. El público recibió con aplausos lo que se podría interpretar como una invitación a desobedecer las leyes del país, o incluso como una justificación de un golpe de estado. Tal y como ha pasado con otras declaraciones similares hechas en un pasado reciente, no ha habido ninguna respuesta significativa por parte de las autoridades civiles.

Estos dos acontecimientos –y las diferentes reacciones oficiales que han provocado– indican defectos de fondo en la manera de funcionar de un estado democrático, y sugieren que los problemas de España van más allá de un entorno económico que es verdaderamente desastroso. Y el desencadenante en ambos casos es la situación en Cataluña.

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La actual situación económica en España es más que complicada y no hay ningún plan de futuro que no dé por sentado que el estado continuará el expolio de unas pocas comunidades productivas para perpetuar su poder. Muchos catalanes piensan que el sistema político en el que se encuentran acabará arruinando su economía, aniquilando su cultura y llevándolos a ser irrelevantes como nación. Últimamente la población se está desinhibiendo a la hora de expresar su malestar con esta situación. Y parece que los líderes que eligieron también han abandonado su política tradicional de hacer todo lo posible para evitar la confrontación. Respondiendo a una petición popular generalizada, han propuesto una nueva vía que podría llevar –si el pueblo así lo decide– a la separación de España.

La parte catalana querría que este fuera un proceso negociado, gradual, pacífico y plenamente democrático, y se ha ofrecido para discutir los términos con el gobierno español. Hasta ahora, todas las propuestas han sido rechazadas. La línea oficial de Madrid sigue siendo que la ley, tal y como es, debe cumplirse estrictamente, y se aplica una interpretación restrictiva de la Constitución de 1978 para negar, entre otras cosas, la posibilidad de pedir la opinión de los catalanes en un referéndum.

Mientras tanto, la nueva actitud de firmeza de los catalanes ha despertado los peores instintos de un estado que se siente amenazado. Aunque intenta mantener una postura imperturbable, el gobierno español está utilizando todos los recursos a su alcance para debilitar la administración catalana y para intimidar a los catalanes. La ya conocida arma de la asfixia financiera viene acompañada ahora por una ofensiva política y judicial contra las instituciones catalanas de autogobierno y por una campaña mediática contra personas muy bien seleccionadas. Además, la purga del fiscal muestra que el gobierno está decidido a silenciar cualquier expresión de desacuerdo, incluso si sale de sus propias filas. Y se mantiene viva la amenaza militar, real o imaginaria, como parte de una estrategia del miedo.

Aquellos que desde fuera observan lo que está pasando en España tienden a fijarse sólo en la economía. Pero si miraran de cerca el entramado político del estado verían que, incluso en su forma actual de país aparentemente democrático, España aún conserva muchos de los hábitos autoritarios de la dictadura de la que surgió. Ciertamente, algo debe ir muy mal en un país donde se pasan por alto las declaraciones de un general que podrían interpretarse como una llamada a las fuerzas armadas a situarse por encima de la ley, mientras que se castiga como acto de sedición manifestar un principio tan básico de gobierno democrático como es el derecho de un pueblo a expresarse.
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