viernes, mayo 31, 2013

300 años de expolio: Siglo XX – Dictaduras y desengaños

A principios del siglo XX Cataluña, potencia industrial de España, presentaba una increíble paradoja: no poseía las mínimas infraestructuras que le corresponderían por su contribución a la hacienda pública. La prensa catalana de la época denunciaba tal desfase y destacaba otro detalle inquietante: el agravio no era sólo económico, sino humano, ya que Cataluña aportaba 900 soldados de leva más de los que debería dada su población. Semejante discriminación se explica al leer en algunos documentos de la época que los organismos del Estado alegaban el derecho de conquista sobre Cataluña para actuar como actuaban.

Autogobierno sin competencias ni recursos
La Mancomunidad de Cataluña (1914-25), primer autogobierno desde 1714, palió este déficit estatal con los recursos de las diputaciones provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, ya que el Gobierno español se negó a traspasar a la Mancomunidad las competencias referentes a la recaudación fiscal. Así, el Estado siguió recaudando cada año en Cataluña 250 millones de ptas., de los que solo devolvía 19,1 como inversión en obras públicas, educación, sanidad y agricultura. Suprimida la Mancomunidad por la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, la desigualdad fiscal se mantuvo. En 1926 Cataluña, ni de lejos la más extensa ni poblada región del Estado, pagó en impuestos casi un tercio (30%) del total que pagaba España. El restablecimiento de la Generalitat en el período de la II República (1931) no supuso una inmediata mejora en el tema de la financiación. La demora con la que el Estado español hacía efectivos los traspasos de competencias al Gobierno catalán provocaba situaciones absurdas, como la de las obras públicas. El traspaso de esta competencia a la Generalitat se decidió en 1931 pero no se hizo efectivo hasta 1935, matiz que no impidió que el Estado dejara de lado a Cataluña en sus planes de obras públicas al considerar a la Generalitat responsable de dicha área, aunque solo lo fuera nominalmente. En conjunto, la inversión pública en Cataluña no llegó ni a la tercera parte de los impuestos ahí recaudados por el Estado.

Fiscalidad en tiempos de guerra
La excepcionalidad que representó la guerra civil permitió iniciativas también excepcionales. La dinámica del conflicto facilitó que la Generalitat se encargase de las funciones del Gobierno de la República en Cataluña, y aunque este se opuso a la autonomía de la gestión económica catalana la Generalitat, bajo un nuevo régimen fiscal, reestructuró en enero del 1937 las relaciones financieras entre ambos gobiernos. Se crearon, rectificaron o restablecieron impuestos que debían ser fuentes de ingresos para la Hacienda catalana que ayudasen a sostener el esfuerzo bélico. Pero el curso de la guerra hizo disminuir el rendimiento de los tributos y que la Generalitat acumulase un fuerte déficit.

El régimen franquista instauró la autarquía, una economía rígida de racionamiento, sin intercambios con el exterior, en la que el Estado había de producir todos los bienes necesarios. La voluntad de las nuevas autoridades de dificultar la recuperación económica de Cataluña fue evidente. Se trasladaron a Madrid las sedes sociales de empresas catalanas y los bancos españoles absorbieron las entidades del país, con lo que la banca catalana representa solo el 3% del sistema bancario español a mediados de la década de los cincuenta.

El estancamiento franquista
La derrota del nazismo estancó la economía. Faltaban energía y materias primas. La burguesía industrial y comercial catalana se limitaba a hacer funcionar sus negocios a pesar del intervencionismo estatal, intervencionismo que no siempre se salía con la suya. La dictadura, que habría querido que Cataluña se especializara en la industria textil, tuvo que transigir con el deseo de la empresa automovilística FIAT de instalar la factoría SEAT en Barcelona por su puerto y su mano de obra cualificada, lo que conllevó el incremento del peso del sector del metal en Cataluña. El rigor tributario no cedía. El Estado, en 1951, invirtió un 28% de lo que había recaudado en la provincia de Barcelona, lo que suponía un déficit fiscal del 72%.
El modelo autárquico, incapaz de elevar el nivel de vida de la población, entró en crisis y tuvo que evolucionar hacia la liberalización del sistema económico en los años cincuenta. Pero para Cataluña todo seguía igual. En 1956, los ingresos del Estado en la provincia de Barcelona sumaron 5.551.154.212 ptas. y los gastos se cifraron en 1.179.668.992 ptas. O sea, regresaba al territorio solo un 21% de lo recaudado, el equivalente a un déficit del 79%.
El posterior crecimiento demográfico y económico de los años sesenta no significó mejoras en los servicios que debería recibir un país que era el motor del Estado. El déficit de la educación pública en el área metropolitana de Barcelona en 1975 era del 58% en lo tocante a plazas en la escuela básica y pre-escolar, mientras que el de la sanidad se traducía en seis camas hospitalarias por cada mil habitantes en la capital ante las diez camas por mil habitantes recomendadas por la OMS.

Transición democrática y autogobierno
Desmontada la dictadura tras la muerte de Franco, el advenimiento de la democracia y la recuperación de la Generalitat se presentaron como oportunidades para corregir antiguos vicios. En la redacción del Estatuto de Autonomía en 1978, se contempló la posibilidad de establecer un sistema de financiación basado no en lo que debía ceder la administración central a la autonómica, sino en lo que había de dar Cataluña a la administración central. Se trataba de que el país tuviera plena libertad para decidir el destino de gran parte de su dinero a la vez que era solidario con los territorios menos desarrollados del Estado. La propuesta, identificada con lo que hoy se denomina pacto fiscal, fue rechazada por el Gobierno español que presidía Adolfo Suarez, y el tema económico quedó relegado dado que en aquel momento interesaba más lograr competencias en otros ámbitos que se consideraban imprescindibles para articular el país, como la lengua y la educación.

El 1994 Cataluña pagaba un 20% por encima de la media española y recibía un 17% per debajo de la misma media. Pese a ello, arrastraba y arrastra una imagen de insolidaridad no combatida fuera de Cataluña porque reporta beneficios políticos y económicos a los partidos españoles y a las estructuras del Estado. La ironía es que Cataluña encabeza el proceso autonómico, ya que si logra una competencia las otras comunidades reclaman también al Estado el traspaso de tal competencia en un curioso ejercicio de imitación. Quizá por eso Madrid se niega a hablar de reformar la financiación de Cataluña. Una ardua tarea en perspectiva y pocas ganas de reparar injusticias.

Jordi Mata (Texto)
Agustí Alcoberro, Francesc Cabana, Josep Maria Solé i Sabaté (Asesoramiento)
Fuente: Revista 'Sapiens'

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