miércoles, junio 12, 2013

Líneas rojas en Europa

 
La suspensión cautelar -que se prevé definitiva- de la Declaración de Soberanía del pueblo de Cataluña por el Tribunal Constitucional Español coloca Cataluña ante un proceso de confrontación con España. Por segunda vez en menos de tres años el gobierno de Madrid ha utilizado el aparato judicial para cerrar el paso a las aspiraciones nacionales y cívicas catalanas. La sentencia del 08 de mayo de 2013 intenta impedir a la sociedad catalana el ejercicio del derecho a la autodeterminación, de la misma manera que la del Tribunal Constitucional Español de 30 de junio de 2010 amputó las competencias económicas y culturales del Estatuto de autonomía de Cataluña, una vez aprobado por el Parlamento español y votado en referéndum por los catalanes en 2006. El nuevo Estatuto intentaba llenar los vacíos del anterior, aprobado en 1979 bajo las amenazas militares que marcaron la transición de la dictadura del general Franco a la democracia edificada sobre la monarquía de la dinastía Borbón.

Durante las últimas tres décadas Cataluña tuvo que asumir todo tipo de incumplimientos. Primero de todo en la financiación económica, ya que más del 8 % del PIB catalán se transfiere cada año a la administración central para cubrir las necesidades de otras regiones. Incumplimientos también en la materia cultural y lingüística, con continuadas amenazas hacia la escuela catalana. Finalmente, en cuanto a la proyección exterior, el estado ha impedido siempre que Cataluña mostrara al mundo su propia fisonomía.
No se ha cumplido, pues, la expectativa de construir un estado federal plurinacional, al contrario: en los últimos años el estado ha ejercido una continua invasión de las competencias del gobierno autonómico en un sentido claramente recentralizador.

Con la suspensión de la Declaración de Soberanía el gobierno de Madrid anunció que no está dispuesto a negociar la que considera la indivisible unidad nacional española. El cuerpo de abogados del estado que ha presentado el recurso de impugnación ha alertado que si la sentencia del Tribunal Constitucional Español -que se sabrá en octubre del 2013 - anula la Declaración que define Cataluña como sujeto jurídico y político, se podría impedir tanto un referéndum consultivo - convocado por el gobierno autonómico - como unas elecciones plebiscitarias al parlamento de Cataluña. La advertencia de la abogacía del estado haría estériles las propuestas oficiales catalanas de negociar una fórmula de referéndum de las previstas en la Constitución y por las que se necesita, como en el caso de Escocia y el Reino Unido, el visto bueno del gobierno central.

La escalada de impugnaciones y de prohibiciones que vulneran los principios democráticos podrían culminar con la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de la autonomía, o bien la del artículo 8, que encomienda al ejército el mantenimiento de la unidad nacional. Dos escenarios que vulnerarían tanto el Tratado de la Unión Europea como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, o bien el espíritu de organismos como el Consejo de Europa, el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales-con sede en La Haya- o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
La comunidad internacional deberá estar atenta que en Europa no se crucen le líneas rojas de la democracia y la convivencia.


Llibert Ferri
Periodista. Antiguo corresponsal y enviado especial de la TV Rusia y del este de Europa
 
 

 

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