domingo, enero 05, 2014

¿Dejarán votar a los catalanes?

Quienes miraron la prensa española en las pasadas semanas, particularmente la que se edita desde Madrid, pensarían que el tiempo se había retrotraído a 1898. Los titulares, con poca imparcialidad y mucho sensacionalismo, hablan de la "amenaza del separatismo" y los principales partidos políticos proclaman su apoyo al Estado cuando anuncia una postura "inflexible" ante quienes atenten contra "la indisoluble unidad de España".

Esta vez, contrario al 98, los separatistas no están en el lejano mar Caribe ni en la manigua cubana, sino en la misma península ibérica, en Cataluña. La amenaza que sienten los políticos madrileños no surge de los machetes que levantan los mambises independentistas, sino del más democrático de los reclamos: el voto. La alarma se dispara a niveles de histeria porque los catalanes han decidido ponerle fecha al referéndum donde decidirán si continúan vinculados al estado español o se organizan como nación independiente. Como el estado central se niega siquiera a hablar sobre el asunto, han decidido a hacer su propia convocatoria al referéndum definitorio.

La decisión fue tomada por los partidos políticos que representan a la mayoría de los catalanes, los que, además, cuentan con más de dos terceras partes de los diputados del parlamento autonómico, lo que garantiza su aprobación. Tras efectuar negociaciones, decidieron convocar el referéndum para el 9 de noviembre de 2014. Más importante aún, se pusieron de acuerdo en las preguntas que se harán en la consulta. En primer lugar, se les preguntará a los catalanes si quieren que Cataluña sea un Estado y, si la respuesta es afirmativa, se les pregunta si quieren que ese estado sea independiente.

El proceso de negociación interna que produjo la fecha de la consulta y el contenido de la pregunta, tomó varios meses. La mayoría del grupo de partidos apoya la independencia, pero Convergencia i Unió, la coalición gobernante, incluye a Unió Democrática de Cataluña (UDC), cuyo liderato se inclina por una especie de "libre asociación" con España. De ahí la selección de dos preguntas, la primera de las cuales complace a los de UDC y la última a los independentistas.

Aun cuando esa ambigüedad pudiera abrir la puerta para una salida no independentista – como advirtió desde Inglaterra un importante diario londinense - la reacción del gobierno central ha sido de total rechazo, negando de plano todo derecho a la libre determinación. A esa postura que rechaza el principio de autodeterminación se ha unido el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por lo que ante a los catalanes se levanta todo un frente unido de los partidos nacionales españoles.

Esa pared de rechazo, aunque más altisonante ahora, ha existido desde el primer momento en que los partidos catalanes, alentados por el referéndum independentista que se pactó en el Reino Unido en torno a Escocia, exigieron que se les reconociera el "derecho a decidir" su futuro como nación. La pared levantada en Madrid, hasta ahora no ha sido capaz de detener el proceso soberanista, más bien lo contrario. A pesar de que el gobierno conservador central, apoyado por el PSOE, no han cedido ni una pulgada, los catalanes han continuado con sus planes y ahora se preparan para hacer una convocatoria unilateral del referéndum soberanista.

Desde Europa ya van surgiendo voces que instan el gobierno español a asumir una postura más conciliatoria, que reconozca su realidad multinacional. El Financial Times de Londres publicó un editorial planteando lo anterior que ha tenido mucha repercusión en Europa y muy poca en el gobierno de España.

Curiosamente, el gobernante Partido Popular fue el verdadero gestor del actual estado de confrontación que se respira entre España y Cataluña. Durante 2005 y 2006, estando el PSOE al frente del gobierno central, se condujo un proceso muy serio que concluyó en la aprobación de un nuevo estatuto de autonomía para los catalanes. Aunque la legislación aprobada obviamente no satisfizo a los independentistas, mayormente agrupados en Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), representó un paso importante de avance con respecto al estatuto anterior. El nuevo texto reconocía la nación catalana y creaba un marco legal aceptable para la protección y el desarrollo de su idioma, su cultura y sus instituciones históricas. El proceso, además, fue muy participativo. Se inició en el parlamento catalán, pasando luego al Congreso español y, finalmente, fue aprobado por los catalanes en un referéndum.

Tras ese intenso proceso, el histórico "problema catalán" quedó aparcado y todo indicaba que así estaría por mucho tiempo. Pero tan pronto se aprobó el estatuto, el entonces opositor PP lo impugnó ante el Tribunal Constitucional donde había (y todavía hay) una mayoría de jueces conservadores que procedieron a desnaturalizarlo, decretando la nulidad de 14 artículos. Las disposiciones anuladas fueron, precisamente, las relacionadas con idioma, cultura y nación, y otras que aumentaban las competencias del gobierno autonómico. Tras esa sentencia el pueblo catalán se sintió agraviado y el sentimiento independentista se volvió mayoritario. Se llegó a la convicción de que no era posible negociar a un acuerdo razonable con Madrid y que las instituciones catalanes sólo se podían desarrollar desde la independencia.

Como vemos, aquellos polvos trajeron estos lodos. Ahora la mayoría de los catalanes, más que de autonomía, hablan de independencia y la derecha española, dándose cuenta de que la cosa va en serio, está siendo presa de la histeria. Nadie realmente sabe hasta dónde llegarán. En los tiempos de Francisco Franco ya los tanques estarían rodando por la Rambla de Barcelona, pero ahora España está en la Unión Europea y la solución militar no está bien vista. Además, lo único que piden los catalanes es que les dejen votar y a estas alturas de la historia esa petición no puede ser respondida con fusiles.

Manuel de J González

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