sábado, mayo 24, 2014

Crispación no; preocupación ante órdenes ilegales sí

La tan repetida canción que en Cataluña hay crispación social, propiciada por el proceso actualmente en marcha, no parece muy convincente, excepto si entendemos por crispación el cuestionamiento del paradigma político hasta hace poco imperante, consistente en buscar más autonomía sin cuestionar el marco español. Sin embargo, lo que sí se puede detectar en Cataluña, aunque no sea un tema discutido públicamente ni tratado por los medios de comunicación, es preocupación entre todos aquellos que pueden encontrarse cualquier día con una orden ilegal sobre la mesa. Hablamos especialmente del personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Su situación es grave, y merece ser analizada con el máximo rigor. Por una parte, forman parte de cuerpos jerárquicos donde la norma general debe ser siempre la obediencia a las órdenes recibidas. Es evidente que ninguna organización, y mucho menos un cuerpo armado, podría funcionar si quedase al libre albedrío de cada uno de sus integrantes cumplir o no con las órdenes recibidas, o si se les permitiese analizarlas primero para solamente una vez comprobada su legalidad ejecutarlas. Hasta aquí, esto está claro. Pero cuidado, porqué esto no es todo. Quizás esto sea todo en circunstancias en que las órdenes son, al menos prima facie, legales, pero qué ocurre cuando una de estas órdenes puede suponer una contravención del derecho internacional? Sin entrar en detalles, es de todos conocido que ya en Nuremberg, y posteriormente en otros tribunales internacionales hasta la actual Corte Penal Internacional, quedó claro que la “obediencia debida” no constituye una eximente. En otras palabras, que nadie puede escudarse en que solamente cumplía ordenes, cuando hablamos de determinados delitos.

Dado que hasta la fecha, ni el gobierno español ni los principales partidos españoles han descartado recurrir a la fuerza en Cataluña, y es más, en múltiples ocasiones han amenazado de forma más o menos velada con emplearla, la pregunta que se hacen muchos de los que llegado el momento tendrían que cumplir con dicha orden es si ejecutarla o no. Hay que reconocer que no es una tesitura fácil: desobedecer una orden puede suponer una sanción, el ostracismo de los compañeros, el fin de una carrera profesional, y hasta un procedimiento penal. Obedecerla sin embargo puede también acarrear graves consecuencias, en gran parte coincidentes: un juicio, cárcel, aparecer ante la opinión pública internacional en términos no muy favorables, y lo que más de uno confiesa que es lo peor: enfrentarse a la incomprensión y el rechazo de unos hijos que, sin necesariamente compartir el objetivo de una Cataluña independiente, consideran completamente fuera de lugar el recurso a la fuerza para evitarlo.

Este artículo podría concluir con una apelación al diálogo, de manera que el actual enfrentamiento se pudiese dirimir por cauces estrictamente pacíficos, pero ello sería autoengañarse. También podría concluir con una llamada a todas las personas en esta situación a negarse a obedecer órdenes ilegales, pero ello supondría tratarles como menores, en lugar de como adultos capaces de pensar por ellos mismos y de determinar cual es su deber. Por tanto, nos limitaremos a reconocer que la situación es grave, señalar que ninguno de los afectados puede alegar ignorancia o desconocimiento, puesto que es público y notorio que hay muchas probabilidades que tarde o temprano reciban órdenes de este tipo, y confiar en que piensen largo y tendido, y discutan con familiares y compañeros, qué hacer. Para más de uno, puede ser la decisión más trascendental de su vida.




Alex Calvo es experto en seguridad y defensa en Asia













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