sábado, agosto 02, 2014

La lengua catalana en la escuela. Cuando los jueces quieren hacer de Parlamento.

El último día del pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia lanzaba una bomba de precisión en el centro del sistema educativo de Cataluña: daba a conocer cinco autos, a partir de los procesos instados por cinco familias, que pretenden modificar de pleno el proyecto lingüístico de las escuelas catalanas.

Cataluña, como reconoce claramente el marco constitucional español, es una comunidad con dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano o español. Desde los primeros momentos de la recuperación de las instituciones democráticas y de autogobierno -tras la larguísima noche de la dictadura franquista-, las autoridades catalanas optaron, con el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas, por construir un sistema educativo que tuviera el catalán como lengua propia, a partir del modelo conocido como de inmersión lingüística, en las etapas de infantil y primaria. Y, si en el curso 1984-1985, ya eran 408 escuelas de enseñanza primaria las que habían adoptado este modelo -la enseñanza es en catalán y el castellano se va introduciendo progresivamente-, en el curso 1995-1996, visto su éxito, ya eran 1.280. La legislación educativa posterior universaliza el modelo, que llegaba a las más de 2.800 escuelas de primaria sostenidas con fondos públicos. La enseñanza secundaria, profesional y superior tiene un modelo lingüístico basado en los proyectos concretos de cada centro y en el uso del profesorado, a partir de la plena competencia bilingüe que alcanzan los alumnos que han finalizado los estudios primarios.

El modelo de inmersión lingüística -que nació en Quebec en 1965, en una situación también bastante conocida de coexistencia de dos lenguas- ha sido el eje del sistema educativo catalán, a partir de unas premisas fundamentales: favorecer la innovación educativa, apostar por la cohesión social, evitar la segregación por razón de lengua y consolidar una sola línea de escuela. Incidir en la normalización de la lengua catalana, no sólo debilitada por el franquismo -que primero prohibió el uso público y que nunca la oficializó en su escuela-, sino situada en un nivel de inferioridad diglósica ante otra lengua con muchos más hablantes globales, que es, además, la única considerada oficial a nivel estatal y la que tiene un uso social más consolidado.

Los resultados del sistema catalán de inmersión han sido reconocidos como positivos por el Consejo de Europa y no han sido discutidos por ninguna autoridad académica, ni local ni internacional: a partir de la progresiva introducción de la segunda lengua, los alumnos catalanes terminan la educación primaria con un conocimiento competencial adecuado de ambas lenguas, el catalán y el castellano. Buena prueba de ello es que, en todas las últimas evaluaciones de las pruebas PISA (el Programme for International Student Assessment, de la OCDE), los alumnos catalanes han obtenido, en cuanto a los conocimientos competenciales de lengua castellana, unos resultados superiores a la media española.




La oposición a la inmersión lingüística, en consecuencia, es estrictamente política. Así, si miramos la composición del actual Parlamento de Cataluña, las fuerzas políticas que abogan por mantener la inmersión en primaria recibieron un 72,30% de los votos emitidos y las que están en contra el 22,30%, aparte claro, de formaciones minoritarias que no llegaron a un porcentaje mínimo y los votos en blanco y nulos. En cuanto a los escaños obtenidos, las fuerzas favorables a la inmersión suman 107 diputados y las contrarias 28. La mayoría social y política es evidente. Parte del problema radica, sin embargo, en que, entre los contrarios, está el Partido Popular, la cuarta fuerza de nuestro Parlamento, pero con mayoría absoluta en el estado. Su propuesta es la que han seguido otras comunidades autónomas que comparten lengua propia con Cataluña y donde el catalán -con sus variantes- es lengua oficial junto al castellano. En el País Valenciano y las Islas Baleares el sistema educativo prevé líneas separadas para los alumnos que eligen la enseñanza en catalán de los que lo eligen en castellano. El resultado es que no todos los alumnos que terminan los estudios primarios lo hacen con conocimientos competenciales de las dos lenguas y, en cambio, sus resultado en lengua castellana no son mejores.




En el País Valenciano el gobierno -del PP-, año tras año, ofrece muchas menos líneas en su lengua propia de las que solicitan los alumnos y las familias. Y en las Islas Baleares -gobernadas por el mismo partido- la administración ha aprobado una propuesta lingüística que, en la práctica, pretende suprimir las líneas de lengua propia, que eran -a petición de las familias- absolutamente mayoritarias.




La oposición a la inmersión es, pues, política, ideológica y correspondiente a la voluntad de mantenimiento de la lengua catalana como lengua pública y social inferior: la voluntad reaccionaria y postfranquista de anular todo lo que signifique pluralidad y sea diverso en su concepción de una España de un solo color, una sola idea y una sola habla. Por eso los cinco autos del Tribunal de Barcelona significan un torpedo en la línea de flotación del sistema educativo y de la cohesión social que quiere garantizar. Los jueces indican que, si lo pide un solo alumno por cada clase, se debe abandonar el modelo de inmersión e impartir, sea el curso que sea, un 25% de las materias en lengua castellana. Y obligan a su cumplimiento a los directores de los centros escolares.




Son sentencias ideológicas, no fundamentadas en razonamientos jurídicos. Porque el marco constitucional español clarifica que la autoridad educativa de Cataluña es el gobierno propio, porque la legislación y la normativa educativa en vigor mantienen la inmersión lingüística como componente del sistema en la enseñanza primaria; para que los directores de los centros educativos -ya sean públicos o privados sostenidos con fondos públicos- deben cumplir las directrices curriculares y pedagógicas de la autoridad educativa ... Un juez no puede modificar una ley -sino que debe velar por su cumplimiento, le guste o no. Un juez no es competente para señalar porcentajes lingüísticos y curriculares. Y, mucho menos, un juez no puede obligar a ningún funcionario ni ningún directivo de un centro sostenido con fondos públicos a incumplir las instrucciones de obligado cumplimiento que le ordena la autoridad que le corresponde.




Esto en Europa no pasa, por decirlo así. Claro que en España el poder judicial no vivió la transición del franquismo al nuevo orden de la monarquía constitucional, sino que quedó al margen. Y la actualidad está llena de ejemplos cotidianos de resoluciones judiciales hijas de esta realidad, empezando por su negativa a investigar los crímenes del franquismo y reparar a las víctimas.




Pero, en Cataluña, tenemos claro que con la lengua no se puede jugar. Ni se puede imponer desde la minoría. No se puede modificar un modelo de éxito por la petición de las familias de 5 o de 10, 15, 20... de nuestros más de 800.000 alumnos de infantil y primaria . Ni por la voluntad de unos jueces. Con todo el respeto. Y toda la firmeza.
















Josep Bargalló Valls

@josepbargallo

Ministro de la presidencia de Cataluña 2004-2006
Ministro de Educación de Cataluña 2003-2004
Concejal en el ayuntamiento de Torredembarra (1995-2003)
Presidente del Instituto Ramon Llull (2006-2010)


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