domingo, octubre 12, 2014

La no separación de poderes en España

Ha llegado un punto en el que es de vital importancia que el mundo sepa que en España las cosas no son tan democráticas como parecen. 

El Tribunal Constitucional (intérprete supremo de la Constitución y encargado de resolver los recursos presentados contra la Ley de Consultas y el Decreto de Convocatoria de la consulta del 9N) ya no es -ni mucho menos- imparcial. Sus doce miembros (juristas y jueces de reconocida competencia) son elegidos de la siguiente manera: 4 por el Congreso (órgano político), 4 por el Senado (órgano político), 2 por el Gobierno estatal (órgano aún más político) y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Finalmente son nombrados por el Rey.

¿Cómo se puede permitir que quien tenga competencias para decidir sobre la constitucionalidad de una norma sea parte en el proceso? ¿Quién nos asegura que los magistrados del Constitucional no reciben instrucciones por parte del resto de poderes públicos? ¿Cómo poder seguir diciendo que en España hay una clara división de poderes instaurada en el viejo continente europeo a razón de la Revolución francesa?

No nos engañemos más, no hay separación de poderes... ¡incluso podríamos decir que nunca ha existido! Quien gobierna a la vez juzga y legisla, quien legisla gobierna y juzga y quien juzga recibe instrucciones y directrices del resto de poderes. 
¿Qué garantías tiene el pueblo de Cataluña de que los recursos que ahora tiene el Tribunal Constitucional sobre la mesa serán tratados con la imparcialidad necesaria para ofrecer una sentencia justa, equitativa y legal? ¡Ni una!

España ofrece a la comunidad internacional una imagen de democracia y legalidad pero en realidad, de puertas para adentro, se respiran hedores de dictadura. 

Judit Clarasó, jurista. 

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