domingo, noviembre 16, 2014

Resumen de la semana; España no negociará y podría llevar al gobierno catalán a los tribunales

El viernes 7 de noviembre, dos días antes del de la votación , el Tribunal Constitucional rechazó la posibilidad de celebrar una reunión de urgencia para pedir más explicaciones al gobierno catalán y la intervención de la judicatura de forma que se impidiera la participación en la votación. 

Mientras, los voluntarios por la independencia, hacían todo lo posible para convencer a los catalanes para ir a votar. Con este acto simbólico, se quería demostrar la fuerza del movimiento independentista.

El sábado 8, un día antes de la votación, el Ministro de Justicia anunció que se estaba investigando a los organizadores, pero los jueces, finalmente, no detuvieron la votación. Quizá porque, ese mismo día, Rajoy reconocía que el proceso de participación democrática del 9 de noviembre "no era un referéndum, ni un referéndum no vinculante, ni nada parecido". A pesar de esta declaración, el Gobierno español presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional bajo la insinuación que la votación del domingo iba a ser "un referéndum encubierto".

El lunes 10, una vez celebrada la votación de forma festiva en Cataluña, el presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, instó al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, "para sentarse y hablar" de las medidas necesarias para que los catalanes pudieran celebrar un referéndum de independencia legal. Sin embargo, el Gobierno español rechazó totalmente esa idea. 

Ese mismo día, el presidente catalán, criticó el hecho de que algunos miembros del Partido Popular (PP) habían anunciado que la fiscalía estaba a punto de presentar una denuncia contra él ante el Tribunal Superior de Justicia, lo que cuestionaba la separación de poderes en España.

El martes 11, la Oficina de la fiscalía de España – cuyo jefe es nombrado por el ministro de justicia español y del cual recibe órdenes directas – confirmó que estaba estudiando presentar una denuncia contra el presidente -Artur Mas-, la vicepresidenta -Joana Ortega- y, probablemente, la “consellera” de educación de Cataluña -Irene Rigau- por haber participado el día 9 noviembre en el proceso democrático de participación ciudadana, en la que 2,3 millones de catalanes dieron su opinión sobre la independencia a través de las urnas ubicadas en colegios públicos. 

Ese mismo día, en el Senado español, la vicepresidenta del Gobierno español -Soraya Sáenz de Santamaría- afirmó que el proceso participativo democrático del 9 de noviembre fue "un fracaso" al mismo tiempo que rechazaba la oferta de Mas "para hablar” y destacaba que el Gobierno español "no negociará sobre la soberanía de todos los españoles" y "no negociará ninguna secesión". 
Hacía semanas que Rajoy repetía que "Siempre dijimos que la consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución" , "contra los derechos de todos los españoles", y "abiertamente contraria a la Carta Magna”, sin embargo, el proceso catalán se celebró en un ambiente tranquilo, con 2,3 millones de ciudadanos votando a través de un sistema seguro y con garantías, como fue certificado por observadores independientes.

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