lunes, marzo 23, 2015

Persecución política contra un juez catalán

Los jueces y magistrados españoles están organizados en varias asociaciones profesionales, ya que por ley tienen prohibido formar parte de un sindicato. Estas asociaciones han adoptado el papel tradicional de proteger los derechos y las condiciones laborales de los jueces. Pero el carácter ideológico de los jueces en el seno de estas organizaciones está presente y muy marcado. La principal asociación en número de jueces afiliados tiene un perfil conservador, próximo al Partido Popular que gobierna actualmente en España. La asociación más afín al pensamiento socialdemócrata, de carácter progresista y social, agrupa a sus afiliados bajo el nombre de Jueces para la Democracia y tan sólo representa el 10% de los 5.700 jueces españoles. 

Santiago Vidal es un juez catalán especializado en derecho penal, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona con una amplia y reconocida trayectoria profesional. También ejerce de profesor de derecho penal y criminología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se trata de una personalidad que se ha convertido en mediática, especialmente en Cataluña, ya que, además de haber sido portavoz de la asociación Jueces para la Democracia en Cataluña durante varios años, ha destacado por el carácter progresista de sentencias dictadas contra la discriminación racial y de género y por la protección a los menores. Por otra parte, ha sido un decidido defensor del uso del catalán en la judicatura, con varias publicaciones al respecto, un tema muy sensible en Cataluña. Y es, además, un claro defensor del derecho de autodeterminación y de la independencia de Cataluña. 

Pero hoy día el juez Santiago Vidal no puede ejercer su profesión de juez. El pasado día 26 de febrero fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPD), órgano de gobierno de la justicia española, con una pena de inhabilitación por tres años, con suspensión de trabajo y salario. 

El motivo del severísimo castigo aplicado radica en que el juez Vidal lidera un equipo de trabajo (el el que hay también otros jueces que permanecen en el anonimato para evitar represalias y por juristas del ámbito académico) que ha redactado de forma conjunta un borrador de constitución de una eventual República Catalana. Se acusa al juez Vidal de una falta disciplinaria muy grave de vulneración del deber de lealtad a la Constitución Española y de deslealtad al Reino de España, por plasmar sus pensamientos y convicciones en un texto en forma de hipotética constitución y por participar públicamente en actos a favor de la independencia de Cataluña. 

Esta decisión tiene una evidente motivación política y represiva contra maneras de pensar afines a la independencia de Cataluña. Es necesario destacar que el CGPJ no es un órgano independiente del poder político, ya que 20 de sus 21 miembros son escogidos por el poder legislativo, el Congreso de los Diputados y el Senado español. En consecuencia, los representantes conservadores y afines al actual gobierno de España son mayoría dentro del CGPJ. Resulta paradójico que esta sanción de tipo político provenga del CGPJ, organismo que tiene como función principal, precisamente, garantizar la independencia de jueces y magistrados frente a los otros poderes del Estado. El resultado de la votación de los miembros del CGPJ pone en evidencia una gran división y coincide con la alineación ideológica de sus miembros: 12 a favor (conservadores y nominados por el Partido Popular) y 9 en contra (progresistas y nominados por otros partidos, PSOE, IU y PNV). Un juez, por hacer uso de la libertad de expresión y no esconder su ideología política, ha sido sancionado por otros jueces que han votado de forma unánime según su posicionamiento ideológico y el posicionamiento político de los partidos que les nominaron al CGPJ. Contradicción que es un completo despropósito en sí misma. Hoy, más que nunca, podemos decir que la separación de poderes no existe, que el pensamiento de Montesquieu está muerto en España. 

De nada ha servido que la redacción del borrador de constitución catalana haya sido un ejercicio intelectual de creación jurídica, realizado a iniciativa propia de sus redactores, sin que nadie lo haya encargado, sin estar destinado a ningún uso concreto ni de asesoramiento a ninguna entidad pública o privada y sin haber recibido retribución alguna al respecto. De nada ha servido que haya sido elaborado en el más estricto ámbito privado, particular y personal del juez Vidal, en horario no laboral, sin que haya interferido en ningún caso en el ejercicio de la excelente labor profesional que le es reconocida. 

Esta sanción es una persecución inquisitorial de tipo político que atenta contra los derechos fundamentales del juez y ciudadano Vidal, que atenta contra los derechos de pensamiento, opinión y expresión que reconoce la propia Constitución Española, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, esta sanción atenta también contra el derecho de creación jurídica del juez Vidal. 

La propia organización de Jueces para la Democracia, que para nada se puede considerar catalanista ni mucho menos independentista (es una organización de jueces de todo el territorio español), ha considerado que la sanción por emitir determinadas opiniones no tiene precedentes en la España democrática, que resulta abiertamente desproporcionada y que nos traslada a los peores tiempos de intolerancia institucional hacia opiniones ajenas (a los tiempos de la dictadura franquista), según se expresa en un comunicado hecho público el pasado 12 de febrero que puede ser consultado en la página web de esta asociación. 

No hay duda de que el juez Vidal, que se caracteriza por su espíritu de justicia y de lucha, recurrirá a todas las instancias posibles hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el que el Estado Español ha sido condenado en los últimos años en demasiadas ocasiones por no respetar los derechos fundamentales de los ciudadan

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